La FAO pronostica que el hambre crecerá en los países más dependientes de la agricultura y sensibles a la variabilidad climática.
por Belén Delgado
ROMA, Italia.- La adaptación al cambio climático en los países más pobres sigue recibiendo escasa financiación, en contra del criterio de los expertos, que alertan del aumento del hambre en esas zonas si no se toman medidas drásticas.
Las últimas cifras recogidas por la Iniciativa de Política Climática (CPI) muestran poco interés en financiar la adaptación, pues apenas recibe 22.000 millones de dólares anuales.
Tal volumen es parte de los 463.000 millones de dólares dedicados de media entre 2015 y 2016 a luchar contra el cambio climático, actualmente en auge -pero no todo lo necesario- por las inversiones en energías renovables, coches eléctricos y proyectos de bancos de desarrollo, según ese laboratorio de ideas.
El porcentaje de financiación climática en agricultura y seguridad alimentaria es “mínimo”, admitió a EFE Margarita Astrálaga, directora de Medioambiente y Clima del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de la ONU, con sede en Roma.
A su juicio, los pequeños productores de esos lugares “necesitan apoyo financiero, educación, entrenamiento, tecnologías y políticas públicas para adaptarse mejor”.
En concreto, pidió facilitarles semillas más tolerantes a la salinidad y la sequía, sistemas eficientes de recolección de agua y riego por goteo, un manejo apropiado de los suelos, depósitos donde guardar la cosecha, energías renovables para mantenerla en buen estado e infraestructuras para llevarla al mercado.
El FIDA también trabaja con entidades de microcréditos y seguros, y grandes empresas comprometidas a comprar los productos de los agricultores artesanales a un precio justo.
La especialista del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) Debra Roberts dio un toque de atención al sistema financiero y subrayó la necesidad de que “evolucione y se redirija considerando la equidad y la justicia social” para “asegurar que los más vulnerables puedan responder al calentamiento global”.
Roberts instó a “pensar cómo hacer posible que todos los países respondan” para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados y lograr un desarrollo sostenible en aquellos con escasos recursos mediante “ambiciosas” acciones de adaptación y mitigación.
En su último informe, el IPCC aboga por “cambios sin precedentes” para que los efectos sean menos catastróficos que los que habría con una suba de 2 grados y se puedan reducir las pérdidas de cultivos previstas en zonas como África subsahariana, el Sudeste Asiático y Sudamérica, o la falta de alimentos en el Sahel y la Amazonía.
Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los cambios en el clima están minando la producción agrícola en regiones tropicales y templadas, algo que -sin adaptación- empeorará con un mayor calentamiento y desastres naturales más extremos.
Además, la agencia pronostica que el hambre crecerá en los países más dependientes de la agricultura y sensibles a la variabilidad climática, como ya ocurrió con el fenómeno de El Niño de 2014 y 2015 en Centroamérica y África meridional.
Actualmente los países están negociando cómo invertir en acciones de adaptación y mitigación a los efectos negativos del cambio climático en la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia), que tiene el objetivo de detallar las normas de aplicación del Acuerdo de París de 2015.
La responsable del programa para cambio climático del Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agraria (CGIAR), Ana María Loboguerrero, expresó su confianza en que las negociaciones del clima avancen y hagan “operativo” el llamado grupo de trabajo de Koronivia, acordado el año pasado en la cumbre de Marrakech para abordar los retos del sector primario.
Entre las prioridades, urgió a hallar “maneras innovadoras para que el sistema financiero y las inversiones privadas se logren direccionar hacia acciones que promuevan la transformación en los sistemas alimentarios para responder al cambio climático”.
Ese enfoque incluye reducir los riesgos que impiden una mayor financiación, promoviendo alianzas público-privadas y subsidios vinculados a la sostenibilidad, lo que generaría “grandes oportunidades” ya que las ayudas públicas a la agricultura suman más de 600.000 millones de dólares anuales.
Loboguerrero insistió en realizar una “investigación participativa” uniendo, por ejemplo, los conocimientos indígenas a “aproximaciones más científicas” o llevando la información del tiempo y las nuevas tecnologías a los pequeños agricultores con un “lenguaje” que entiendan para tomar decisiones correctas.
EFE.